Hace unos días se publicaba la noticia de que Google recurriría ante los tribunales españoles, las demandas canalizadas a través de la Agencia Española de Protección de Datos en las que se le pedía la eliminación de contenido de su índice y caché.
Al parecer la demanda describe que cerca de 100 artículos publicados en medios digitales, han sido considerados por la AEPD como difamatorios.
El gigante estadounidense tiene abiertos recursos contra 69 resoluciones de la AEPD y otras 24 demandas se encuentran pendientes de ser recurridas.
Esta semana se ha celebrado una vista en la que se estudiaban cinco de estos casos y los abogados de Google España han acudido como parte.
Credit: Wikipedia.
Google España ha declarado a través de sus abogados en la Audiencia Nacional, que la compañía se mantiene firme en su posición al no considerarse responsable de la publicación de estos contenidos, y entendiendo que alterar el índice de contenidos indexados supone un modo de censura.
Cuatro de los cinco casos que han llevado a Google a la Audiencia Nacional esta semana hacen referencia a demandas interpuestas por información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la quinta hace referencia a un artículo publicado en el diario El País.
El abogado de Google ha declarado que el buscador solo hace el papel de nexo con la información, y que por ley no tiene ninguna responsabilidad de los contenidos en España, señalando que en todo caso las demandas deberían ir dirigidas a los editores que han publicado este contenido.
Google ha reconocido que es técnicamente posible que la compañía altere el índice para que no aparezca el contenido, pero esto supondría vulnerar los derechos de la información y los buscadores son parte fundamental de la sociedad de la información.
La solución propuesta por el gigante es que los editores utilicen las herramientas que existen disponibles para que su contenido no sea indexado por Google.
Esta no es la primera vez que la AEPD se encuentra con Google. En 2007, la AEPD emprendió una investigación para determinar si los buscadores trataban correctamente los datos de los usuarios.