Finalmente le tocó el turno a la Argentina de ser parte del grupo de países que intenta prohibir Rapelay, un simulador de violación en la que el jugador debe someter y violar a una madre y sus dos hijas (una de ellas parece de unos 13 años) e incluso obligarlas a practicarse un aborto. La iniciativa surgida desde la Cámara de Diputados urgió al la Dirección Nacional de Política Criminal, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para que emita un dictamen que prohibió su distribución y venta.
El llamado de atención surgió luego de que se descubriese que un usuario del sitio de subastas Mercado Libre vendió el juego a fines del 2009. Casualmente una situación similar fue la que llevo al juego a ser conocido mundialmente; El año pasado que la prensa estadounidense se enteró que alguien había intentado vender una copia a través de Amazon. Lo que siguió fue una ola de indignación y horror por parte de organizaciones feministas, grupos religiosos y gran parte del periodismo que no hicieron otra cosa que provocar que el juego aumentara sus bajadas miles de veces desde los sitios de torrents piratas después de ser prácticamente desconocido desde su lanzamiento por la empresa especializada en juegos hentai (literalmente «pervertido» en japónes) Illusion en el 2006.
El dictamen, según Página/12, dice que los contenidos del videojuego «representan una clara apología del delito en relación a los ilícitos como abuso sexual, violación, delitos contra la integridad sexual, torturas, discriminación contra la mujer y pederastia, entre otros». Por lo que se advierte que la comercialización y venta del producto, distribución y difusión de sus contenidos y acceso y divulgación violan el artículo 128 del Código Penal, que puede resultar en prisión de 6 meses a 4 años de ser encontrados culpables.
Pero Rapelay no se puede conseguir legalmente fuera de Japón por lo que cualquier prohibición que se haga en el país no tendrá casi ningún efecto en la práctica ya que para acceder a él uno debe piratearlo o importarlo ilegalmente de Japón. Algo que de todas formas el Gobierno no puede controlar casi de ninguna forma.
La primera oferta en Amazon
El caso también tiene otro antecedente local. El año pasado un escándalo parecido se desató en Mendoza cuando el legislador Miguel Serralta (PJ) encontró que se podía conseguir una copia pirata del juego en una galería por $12. Finalmente se terminó aprobando una ley que prohibió a Rapelay y a cualquier tipo de videojuegos que incite a cometer vejámenes contra la integridad sexual y/o violencia sexual.
Consultada por Periodismo Gamer sobre la influencia que puede tener un juego de este tipo en las personas Sandra Viviana Mezzattesta, licenciada en psicología en la UBA, explicó: «Puede tener influencias negativas en cualquier persona en la medida que exista una disposición perversa en el sujeto». Además la experta, que tiene una larga carrera como docente en el Área de Educación Especial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, opinó sobre la prohibición de estos juegos: «Las prohibiciones no resuelven nada, en nuestro país no hay prevención de nada, y a pesar que existe una ley que habla de educación sexual en las escuelas, hay reticencia en directivos y maestros para dictarlas, creo que son políticas simples, no toman el problema en toda su extensión. Cada cosa debiera estar rotulada, los padres tendrían que estar más atentos con el material que leen o juegan sus niños, para los adultos es ridículo prohibirlo, cada uno debiera hacerse cargo de sus propios gustos, aunque resulten o sean perversos.
Si bien el juego, junto a muchos otros de diversa índole, fueron prohibidos en muchos países, es bueno recordar que a pesar de que en Japón existen muchos juegos que simulan violaciones este país tiene uno de los índices más bajos en delitos contra la integridad sexual y homicidios. Lo que podría considerarse como prueba de que a pesar de la perversión de estos videojuegos no son una influencia en el comportamiento de las personas.
Otra consecuencia del conflicto, que podría llegar a ser positiva si se lleva a cabo como corresponde, es que el secretario de Justicia, Héctor Masquelet, confirmó que se trabaja en la redacción de una propuesta legislativa que regule los contenidos de los videojuegos. Esperemos que esto signifique un control como el que lleva el ESRB en EE.UU. o el INCAA para el cine en Argentina y no que se promueva la censura y prohibición de videojuegos considerados «violentos» como lamentablemente ya esta pasando en países latinoamericanos como Venezuela y Brasil..